☰
✕
a Cámara de Diputados de Misiones creó por ley, la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos y el cargo de Fiscal de Instrucción Especializado en Ciberdelitos. Se convierte de esta manera en ley, un proyecto impulsado por el diputado provincial del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira, unido a otros expedientes del mismo espacio José Pastori y Rafael Pereyra Pigerl y otra de Lilia Torres de la Unión Cívica Radical.
La iniciativa se aprobó tras un intenso desarrollo y explicación de la norma y disidencia de parte de la oposición en especial a dos artículos, referidos a las noticias falsas y al agente encubierto. Finalmente, con 38 legisladores presentes, en total acompañaron con sus votos 28 diputados (73%) en general y en particular desde el capítulo primero al tercero, recibieron 27 votos favorables.
La diputada Anazul Centeno del Frente Renovador como miembro informante, planteó que el dictamen tuvo debate y la distinta perspectiva terminó enriqueciendo las propuestas. “Sobre lo que hay consenso es en materializar herramientas para la protección de la ciudadanía”, sostuvo. Recordó que de esta manera la Cámara de Diputados avanza en la reforma del Código Procesal Penal. “Estos delitos no son cometidos en un no lugar”, porque sucede en un “espacio virtual”, aclaró.
La fiscalía tendrá asiento en Posadas y se planteó que es una figura similar a las ya vigentes en otras provincias.
Entre las competencias de la nueva dependencia judicial, es la de llevar a cabo la investigación de ciberdelitos, entendiéndose como tales aquellos que son cometidos dentro del mundo cibernético o el ciberespacio e internet y como principal medio comisivo, la utilización de medios informáticos, telemáticos o cualquier tipo de dispositivo electrónico para su planificación, realización, ocultamiento y encubrimiento.
De esta manera entrará en actividad para investigar delitos como la trata de personas, sustracción de menores, pornografía infantil, pedofilia, narcotráfico, tráfico de armas, terrorismo, secretos a la privacidad, entre otros. También Centeno habló sobre cualquier técnica de defraudación, como los que resultan defraudados con maniobras en tarjetas de créditos o débitos.
Citó el debate surgido en la Comisión, de que la fiscalía también va a interceder en otras jurisdicciones si detectara algunos de los delitos y en colaboración con el fuero competente, como indicó que ya sucede. Recordó en tal sentido los delitos trasnacionales, como el caso Kiczka. También añadió sobre el papel del fiscal, que “siempre hay un juez de control”. Añadió que se incorpora como novedad la obtención de evidencia digital.
Funciones
De esta manera la fiscalía de instrucción especializada en ciberdelitos tendrá entre sus funciones, investigar y perseguir delitos cometidos a través de medios informáticos: recepción de denuncias, presentación de cargos, acusación formal, investigación forense digital, colaboración con unidades de policía especializadas en ciberdelitos para realizar investigaciones conjuntas, recopilación y preservación de pruebas, así como también la colaboración con el fiscal del tribunal en juicio.
Según se desprende de la actual ley de creación de la dependencia apunta a analizar y prevenir estos delitos, mediante el monitoreo y observación de las tendencias emergentes en ciberdelincuencia, a los efectos de anticipar las nuevas metodologías de comisión de delitos, desarrollando programas de prevención y concienciación sobre delitos cibernéticos.
Entre los aspectos que se considerará defraudación agravada, según la norma, es en la utilización de una identidad suplantada “cuando se incurra en los términos del artículo 173 inciso 16 del Código Penal, en los casos en que sin consentimiento adquiriese, tuviere en posesión, transfiriere, creare o utilizare la identidad de una persona humana o jurídica que no le pertenezca, suplantare una página web real por otra falsa, una dirección de correo electrónico de una persona humana o jurídica, utilizare una dirección de Protocolo de control de transmisión (TCP) y Protocolo de Internet (IP) falsa y cualquier otro medio para ocultar la identidad real o digital del actor”
Artículos resistidos
Durante el avance del análisis del proyecto ahora convertido en ley, al menos tres artículos registraron resistencia por parte de la oposición.
Uno, es el Articulo 6, que deja plasmado que el Fiscal de Instrucción Especializado en Ciberdelitos, en cuanto la premura del caso lo requiera, “queda facultado para disponer el inmediato secuestro y reserva de los dispositivos móviles, informáticos, electrónicos o cualquier otro en virtud de que existan sospechas fundadas de que hayan sido utilizado para premeditar, realizar, ocultar o encubrir el delito, para su análisis, resguardo y recolección de material probatorio. A tal fin podrá solicitar la colaboración de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic)”, sostiene la norma aprobada.
Se añade el Artículo 7, donde se contempla en el caso de los delitos previstos por los artículos 109 (injurias), 110 (calumnias), 211 (intimidación pública) y 212 (incitación a la violencia) del Código Penal de la Nación, “cuando el medio utilizado para la realización de aquellos actos típicos sean medios electrónicos, informáticos o plataformas de inteligencia artificial generativa, para crear noticias falsas (“fake news”) sobre individuos o instituciones públicas o privadas y sean difundidas a través de medios informáticos, digitales, o cualquier otro soporte; el Fiscal de Instrucción Especializado en Ciberdelitos podrá disponer de las medidas dispuestas en el artículo 6 de la presente ley”.
Perfil digital encubierto
Otro de los Artículos (283 quinquies), refiere a la investigación en incógnito o perfil digital encubierto. Planteó la diputada Centeno que en estos casos actuará delitos complejos, con la correspondiente autorización del juez. Y sostuvo que la ley es clara y no busca restringir la libertad de expresión. “Es una iniciativa que viene a sistematizar que hoy le está permitido al juez y hoy le damos un marco legal y jurídico”, añadió Anazul. “No son otorgar facultades ilimitadas, sino ponerle límites”, acotó la legisladora.
Afirmó que este año recibieron más de 5.000 denuncias de casos registrados y denunciados por delitos de estafas digitales, entre otros.
La norma plantea que “en casos relacionados a delitos complejos, en que resulte indispensable la intervención en incógnito de un agente a través de los canales cerrados de comunicación, entornos y plataformas digitales, el Juez puede ordenar la intervención en incógnito de un agente mediante la autorización del uso de un perfil encubierto”. Representó otro de los aspectos que generó resistencia, más allá de aclararse que esta metodología “es de carácter excepcional y debe emitirse por auto fundado siempre que el éxito de la investigación se encuentre entorpecido y se trata de delitos cometidos a través de medios informáticos que no admitan otra forma de investigación”.
En cuanto a la magnitud de la pena que pueda llegarse a imponer, en consideración de la escala penal correspondiente al delito o concurso de delitos atribuidos que tiene una pena máxima superior a ocho años y se estima fundadamente que, en caso de condena, no procederá la condena condicional.
El debate en el recinto
La diputada Torres consideró indudable la necesidad de contar con esta fiscalía, para una respuesta más ágil para proteger a los ciudadanos de delitos emergentes.
Citó las conductas delictivas que más crecieron, desde estafas, defraudaciones, robos de datos, extorsiones, entre otras. Hasta allí la defensa de la creación de la figura del fiscal, luego cargó por los dos artículos cuestionados. Sobre el artículo de las fake news “se trata de una regulación que puede ser utilizada para silenciar voces”. Sobre las críticas recibidas la iniciativa ahora aprobada es “porque viola el derecho de expresión”. Allí aclaró que “las noticias falsas, no es delito tipificado por el Código Penal”. Y al pretender incorporar como único elemento de pruebas, no tiene sentido. “Nos hace inferir que la autoridad -competente- lo aplique de manera arbitraria y sensible a la sociedad”, cuestionó.
Sobre casos de injurias y calumnias, recordó además la vigencia del derecho a réplica y cuestionó cualquier tipo de censura previa y para ello, sostuvo que el Estado tiene herramientas actuales.
Critican retroceso
Analía Bibiana Labandoczka, desde el bloque Pro adelantó que no acompañaría el proyecto de ley unificado. “Si estamos de acuerdo que existan especialistas y con el fin noble de contar con una fiscalía, pero no podemos estar de acuerdo que el fin justique los medios”.
Observó el intento de coartar la libertad de expresión. “El proyecto representa un grave retroceso a la libertad de expresión, en los artículos 6 y7, como la creación de noticias falsas”. Se preguntó “quien determinará qué es noticia falta o verdadera; esta iniciativa está lejos de garantizar una seguridad en el ámbito digital, abre la puerta a un posible abuso de poder”, añadió Labandoczka.
Cuestionan de facultades otorgadas
El diputado Ariel Pianesi de la Unión Cívica Radical sostuvo: “celebramos el avance en esta materia y es indispensable adecuar la normativa a los nuevos delitos y que los proyectos tienen fines nobles, también es cierto que otras jurisdicciones tienen fiscalía especializada”.
Planteó que “la diferencia está en las facultades otorgadas. Los distritos nombrados -por otras provincias- no tienen las facultades como los artículos 6 y 7”, observó.
“Este proyecto generó ruido, tanto que se llamó ley mordaza por las limitantes a la libertad de expresión y es peligroso”. Por tal razón sostuvo que no acompañaban desde el bloque radical tal iniciativa.
Desde el mismo bloque, el diputado radical Francisco Fonseca sostuvo “celebramos el tratamiento de la ley, las coincidencias y disidencias “. Nuestra postura “lo hemos explicado desde el punto de vista jurídico”.
Recordaron las escuchas ilegales de Macri
El diputado renovador Rafael Pereyra Pigerl, hizo referencia a la postura de la oposición y sostuvo que “quienes defienden se olvidan del caso Mauricio Macri imputado por escuchas ilegales y que terminó en la nada. Tampoco no nos olvidamos de las 105.000 escuchas ilegales del partido que ahora se oponen, más la escucha a familiares del submarino San Juan”.
Añadió el legislador Pereyra Pigerl que “esta matriz lleva intereses nobles” y lo que se pretende es otorgar “normativa y marco legal, con un fiscal que va a depender del Procurador General y en todos los casos actuará a través de la Saic que, a su vez, depende del Superior Tribunal de Justicia”.
“Lo que estamos proponiendo y votando es una buena ley. Y los que no acompañan es porque tienen otros intereses”. También indicó que siempre “se respetó la libertad de prensa” y reiteró que la norma es de alta calidad y se tendrá todas las garantías constitucionales “y no queremos más un caso Kiczka ni un caso Loan”.
El diputado renovador José Luis Pastori consideró “raro que se resistan a contar con una ley de vanguardia” para avanzar contra el ciberdelito”. A su vez, añadió que es una normativa que se viene analizando desde hace tiempo.
