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urante la fiesta de los 90, se autorizó por ley la emisión de los Certificados de Cancelación de Deudas de la Provincia de Misiones y la aplicación del IETE, un distorsivo impuesto a los sueldos de los empleados públicos provinciales. La historia de un endeudamiento criminal perpetrado durante el gobierno de Ramón Puerta que los misioneros pagan hasta hoy.
Hace más de tres décadas se perpetraba una de las mayores estafas de la historia de nuestra provincia. En los ‘90, durante el gobierno de Federico Ramón Puerta, se emitieron en dólares los “Certificados de Cancelación de Deudas de la Provincia de Misiones”, también conocidos como “Bonos CEMIS”. Dichos instrumentos servían para cancelar todo tipo de deuda del Estado provincial: proveedores, deudas previsionales, liquidaciones de pólizas de seguros del ex Instituto Provincial del Seguro, pago a prestadores del Instituto de Previsión Social, entre otras.
Los bonos CEMIS nacen con la Ley VII – Nº 25 (antes Ley 3311), mediante la cual se facultaba al gobernador Puerta a emitir, en una o más series (fueron tres, finalmente),
Certificados de la Deuda de la Provincia de Misiones.
Los bonos CEMIS representaron un engaño de más de mil millones de dólares. Si consideramos la deuda generada por este invento del gobierno de Ramón Puerta y lo dividimos por cada uno del millón trescientos mil habitantes que tiene la provincia, la fiesta y el despilfarro de los ‘90 le costó a cada misionero un monto cercano a los u$s 1.000. Un verdadero despropósito, máxime cuando quienes perpetraron tamaño descalabro del Estado nunca se hicieron cargo ni respondieron por este endeudamiento criminal en perjuicio del pueblo misionero.
Uno de los casos emblema de la gran estafa es el del Instituto Provincial del Seguro, una de las empresas estatales alcanzadas por la ola privatizadora impulsada por el ex gobernador. En la licuación de activos de este ente hubo severas irregularidades en donde el Estado se hizo cargo de una abultada deuda. Se trataba de una empresa que daba utilidades e inyectaba dinero en la economía misionera, con servicios gratuitos para los niños en edad escolar, con cobertura en toda la provincia.
Sin embargo, del dinero obtenido por su venta aprobada en diciembre de 1995, poco se sabe. Lo cierto es que, en la práctica, no se trató de una privatización, sino prácticamente de una licuación de activos provinciales: se entregaron los activos y el Estado Provincial asumió los pasivos. El Instituto Provincial del Seguro no pagaba las pólizas y al momento de su liquidación, el Estado se hizo cargo de las deudas y la provincia asumió el pago de los juicios con bonos CEMIS por una cifra, que a fines de 1999 se estimaba en U$S 150.000.000, según el ex ministro de Economía, Humberto Schiavoni.
Para cubrir el rojo, en 1996 aumentó el stock de deuda en 18%. Este incremento explica la colocación de bonos CEMIS, destinados a asumir la deuda por la privatización del Instituto Provincial del Seguro.
En aquel entonces, la Legislatura provincial, a diferencia de otros casos, autorizó la privatización el Instituto, pero dejó en manos del Ejecutivo la elaboración de pliegos y condiciones de la privatización. Así se concretó la venta de una de las empresas señeras de Misiones, creada en 1959. Lo cierto es que en lugar de ordenar las cuentas y derivar los recursos estatales a otras áreas, se incrementó la deuda pública y la situación social esgrimida por Puerta, no mejoró, todo lo contrario.
La historia del Instituto Provincial del Seguro se repitió de manera idéntica con el Banco Provincia. Los ex empleados de la entidad bancaria privatizada pasaron a ser tenedores de bonos CEMIS y en la mayoría de los casos nunca pudieron cobrar.
En el derrotero de los ex empleados, uno de los afectados recordaba recientemente que “la deuda surge en diciembre de 1995 cuando nos pasaron a la administración pública, a pesar de que había una ley que obligaba a pagarnos por haber privatizado el Banco. En el año 1998 reclamamos y desde el gobierno (segundo mandato de Ramón Puerta) nos respondieron que no tenían disponible el dinero y nos ofrecieron bonos”.
Según los ex empleados del Banco Provincia, el Estado provincial no pagó deudas de la década del ‘90 y emitió bonos que colocó en muchos lugares, entregó a muchos acreedores que tenían. Una gran cantidad de ex empleados recibieron bonos CEMIS como indemnización y fallecieron esperando cobrar. O bien, al no poder cobrar los bonos, terminaron quitándose la vida.
El devastador paso de la gestión de Ramón Puerta se completa con la creación del Impuesto Solidario de Emergencia (ISE) en el año 1995. Un año más tarde, se aprobó el Impuesto Extraordinario y Transitorio de Emergencia, más conocido como IETE, con el que se le descontó el 13% del sueldo a todos los empleados públicos de Misiones, un hecho sin precedentes.
Policías, maestros, personal de salud y administración pública en general fueron las grandes víctimas y variable de ajuste.
La voracidad del neoliberalismo de los 90 fue total. No debemos soslayar la destrucción de sectores productivos pujantes de la provincia como el caso del yerbatero, cuyos productores terminaron vendiendo sus chacras a precio vil para poder subsistir. Esta es la cruda realidad de la gran estafa de la década arrasada en donde Ramón Puerta accedió al poder prometiendo un salariazo y una revolución productiva.
POR LUCIO GENTILE, MISIONESONLINE
