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l ex administrador y el ex jefe de Recursos Humanos del Pami Misiones, Ricardo Zacarías y Sixto Fernández, denunciaron a la delegada del organismo previsional, Ninfa Alvarenga, por los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”, y “extorsión calificada precedida de amenazas”.
En el expediente, que se tramita desde la semana pasada en el Juzgado Federal 1 de Posadas, los denunciantes solicitan que se llame a indagatoria a Alvarenga y se ordene su detención.
La acción judicial se da luego de que se publicaran los audios filtrados de Alvarenga, donde se la escucha hablándole a Fernández de las renuncias anticipadas y de las transferencias de dinero de los miembros de su espacio libertario que asumieron en febrero los puestos ejecutivos del Pami en Posadas, y en las oficinas del interior provincial del organismo previsional.
La publicación de los audios y la resonancia que cobró el caso a nivel nacional, con su publicación en diversos medios como El Destape y Página/12, provocaron que Alvarenga denunciara a LVM por “injurias y calumnias”, según ella misma anunció hace unos días en diálogo con un medio de Eldorado.
“Tal como lo prueban las resoluciones que anexamos, fuimos designados en el mes de febrero y marzo del corriente año por el Sr. INTERVENTOR y la Dirección EJECUTIVA PAMI a nivel nacional en el puesto de Coordinador Administrativo Contable y Jefe referente Recursos Humanos, ambos puestos gerenciales”, señalan Zacarías y Fernández, en el relatorio de la denuncia en la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional, de Posadas.
Los denunciantes cuentan que Alvarenga “se jactaba” de ser “amiga íntima” de la hermana del presidente y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y que en una reunión, “luego de un delirante discurso”, los “amenazó” y les exigió que “debíamos aportar de nuestro sueldo a su peculio personal”.
Relataron al fiscal, que la acusada les advirtió que si se negaban los echaría del Pami “con o sin causa, dada la íntima amistad que tenía con la Sra. MILEI”, y señalaron: “Esas fueron sus ‘nuevas reglas’ para continuar en nuestros cargos gerenciales”.
“Así las cosas, nos interpeló verbalmente que transfiriésemos luego del cobro del sueldo el 10% 15% y 20% de cada sueldo (de) aprox. de 3.000.000 de pesos que constituían nuestro Salario”, denunciaron.
“Cuando quisimos y le dijimos que no nos íbamos a seguir prestando a dicho juego, sobresale la Resolución de la Dirección Ejecutiva de PAMI A NIVEL NACIONAL, que prescinde de nuestros servicios bajo el lato argumento de ‘reordenamiento administrativo’”, agregaron y acusaron a Alvarenga: “Ella nos dijo que no hizo valer las renuncias anticipadas ante nuestro ‘incumplimiento’ dinerario, ya que había hablado a Buenos Aires, para que nos echen por cualquier pretexto como el narrado”.
La denuncia se ampara en los artículos 248, 256, 256 bis, 265 y 266, de la ley que penaliza los delitos contra la administración pública, y está patrocinada por los abogados Alejandro Jabornicky (Matrícula Federal T105 F465) y Roxana Ramírez Moll (Matrícula Federal T125 F354).
La legislación que invocan los denunciantes, reprime con uno a cuatro años de prisión e inhabilitación especial de uno a cinco años al funcionario que, abusando de su cargo, “solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por si o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva”; a la vez, que establece el pago de una multa de dos a cinco veces del monto de la exacción.
En una ampliación posterior de la denuncia, Zacarías y Fernández, adjuntaron capturas de pantalla de chats de WhatsApp con Alvarenga, y constancias de las transferencias de Mercado Pago que le hicieron a ella y también s sus lugartenientes, Ricardo Valenzuela y Julio César Peralta, que funge de nuevo administrador del Pami Misiones y encargado de la Fundación Misión Libertad, de la dirigente libertaria.
Según denunciaron, Zacarías le transfería mensualmente el dinero a Valenzuela, y Fernández a Alvarenga.
En el escrito, al que accedió LVM, caracterizan a la dirigente libertaria como “persona narcisista, amenazadora, con cambios de humor que iban hacia lo violento”, y le atribuyen “actitudes paranoicas”.
“Creemos que ella sola creó este modus operandi, para hacerse de esos dineros”, sostienen y argumentan que la delegada del Pami Misiones les dijo que debían “pagar” por ser miembros del espacio político, que “era una ‘exigencia moral o ética’”.
FUENTE LA VOZ DE MISIONES
