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a Legislatura prorrogó la ejecución de las sentencias de desalojo o remate de inmuebles destinados a vivienda única y familiar y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifique una ocupación superior a ocho años, sobre predios urbanos y rurales, sean fiscales o privados. "Buscamos beneficiar a aquellas familias que por cuestiones de carácter económico o social se encuentran en una situación desfavorable y no pueden acceder a una vivienda digna”, señaló el diputado provincial Juan Pablo Ramírez.
La vigencia de la suspensión extendida está sujeta a que los beneficiarios acrediten en el expediente judicial estar empadronados conforme a la normativa vigente, antes del 28 de mayo de 2018. El legislador agregó que “la regulación plantea cuestiones de orden procesal y de reglamentación de los códigos de procedimiento de la provincia; esta materia es reservada a la jurisdicción provincial, por tratar de poderes no delegados a la Nación”.
“Los requisitos para acceder a esta defensa son claros y precisos. Beneficia a los que necesitan. Encuentra su fundamento en que el Estado debe velar por el acceso a la vivienda digna”, explicó.
Además, destacó que el objetivo es el de trabajar para solucionar las cuestiones de fondo de las personas que corren peligro de ser desalojadas de sus hogares. “Hay que dar tiempo a los organismos encargados de ofrecer soluciones habitacionales. A veces por burocracia y por el tiempo que lleva ejecutar una obra, se producen algunos retrasos”, afirmó.
